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Historia: s. XV al XIX (continuación)

a confluencia de varios factores provocó un boom del azúcar entre 1760 y 1840: el primero de estos factores fue el hecho de que La Habana se abrió al libre comercio con los puertos españoles en 1765, y diez años más tarde con los puertos de los Estados Unidos rebelados contra Inglaterra; además, Cuba se benefició de las ruinas de su competidor Haití debido a la sangrienta revolución de los esclavos (1791-1795); y, por último, el tráfico de esclavos se hizo regular a partir de la Cédula Real de 1789.

Las exportaciones cubanas pasaron de 600 000 pesos en 1763 a once millones en 1790, multiplicándose proporcionalmente los ingenios azucareros. Con ellos creció la población, que decantó el equilibrio a favor de los negros (un 56% aproximadamente, de los cuales dos tercios eran esclavos). Este contexto de prosperidad, junto al miedo a la sublevación de los negros, mantuvo a Cuba al margen de la revolución que llevó a toda la América hispánica a la independencia entre 1810 y 1820. A pesar de ello, las transformaciones vividas por la economía cubana crearon profundas contradicciones sociales, al concentrar la riqueza en pocas familias, que agravaron las condiciones coloniales de la explotación. Se intensificó la resistencia de los negros fugitivos (insurrecciones de Nicolás Morales en 1795 y de José Antonio Aponte en 1812), lo que provocó la creación de un grupo de cazadores especializados con perros, los conocidos como rancheadores.

Desde 1820, prohibido el tráfico, la trata de negros se refugió en la clandestinidad, pero siguió boyante gracias a múltiples complicidades (comerciantes, aventureros, propietarios, funcionarios). La oligarquía cubana identificaba el mantenimiento de la esclavitud con su vinculación a España. Por ello, las reivindicaciones que los reformistas cubanos (en general, la llamada sacarocracia y, en particular, Francisco Arango y Parreño) presentaron a las Cortes españolas eran: libre comercio, autorización para refinar el azúcar localmente, y libre tráfico de esclavos. Como durante la ocupación francesa de España, las Cortes de Cádiz (1812) se pronunciaran contra la esclavitud, los cubanos apoyaron la restauración del absolutista Fernando VII. De este modo se selló una alianza gobierno español-oligarquía criolla; las intentonas separatistas (1824, 1826, 1830) fueron obra de una minoría liberal influida por ideas ilustradas.

En la década de 1830 la industria azucarera se había extendido por toda la isla y su mercado principal era Estados Unidos, creándose una gran dependencia cubana hacia este cliente poderoso. La industria tabaquera se había mecanizado y diversificado, generando paro y creando una verdadera clase obrera. En la década de 1840 Cuba sufrió los efectos de una crisis económica que padecían Gran Bretaña y Estados Unidos, por la vía de reducción de la demanda y caída del precio del azúcar.

El desarrollo del capitalismo comercial cubano quedó frenado por la reducción del financiamiento inyectado a la mecanización; consecuentemente, el paro se hizo un componente constante de la economía cubana. Gran Bretaña presionó internacionalmente para conseguir la abolición de la esclavitud (puesto que su industria se encontraba en una posición de peligrosa competencia), y esta propaganda abolicionista provocó la expulsión de Cuba del cónsul Turnbull (1843). Sin embargo, consiguió el suficiente eco para provocar algunos motines de esclavos que empujaron a la administración española a restringir la trata. Los plantadores criollos, descontentos con esta legislación y asustados por la revolución europea de 1848, empezaron a considerar que su única esperanza era vincularse a Estados Unidos, donde contaban con la simpatía de los estados esclavistas sureños. A estos «anexionistas» (los plantadores y propietarios de esclavos) se unieron otros sectores sociales, inquietos por la recesión económica coyuntural, formados por negociantes portuarios criollos, clases medias e intelectuales, decepcionados por sus fracasados intentos de oposición constructiva en las Cortes españolas. Estos reformistas liberales pretendían una ampliaautonomía administrativa para Cuba y eran, en general, abolicionistas. Por eso, su alianza táctica con la sacarocracia, que desencadenó la insurrección de 1868 («grito de Yara»), no podía tener éxito.

En 1869 el líder independentista Carlos Manuel Céspedes convocó una Convención Constituyente, que proclamó la independencia y la constitución de una república. Pero, tras diez años de guerra, acabaron aceptando un pacto con el ejército español, lo que se dio a conocer como la Paz de Zanján (diez de febrero de 1878), que hacía concesiones autonomistas, pero no rompía los vínculos entre Cuba y su metrópoli. No obstante, la guerra tuvo consecuencias económicas y sociales irreversibles, inaugurándose el proceso de destrucción del sistema esclavista y el abandono del capitalismo colonial. La guerra destruyó las antiguas explotaciones agrícolas y dejó sitio para las nuevas explotaciones (el ingenio azucarero cedió su puesto a la central), que reclamaban grandes extensiones latifundistas para abastecer a la maquinaria refinadora. Este proceso de modernización se hizo con capital de E.U.A. y significó la concentración de las fuerzas productivas y la pérdida de poder económico a los dueños de esclavos. Las inversiones americanas produjeron una mutación en los tres sectores económicos clave de Cuba: el azúcar, el tabaco y la minería.

El sector azucarero quedó completamente dominado en 1887 por una única compañía: la Sugar Trust; de este modo, la dependencia cubana de Estados Unidos era total. Los trusts americanos practicaban el sistema de asalariados libres, por lo cual arruinaron a los poseedores de esclavos. A partir de aquí, se decretó la abolición de la esclavitud, aunque progresivamente y pagando indemnizaciones a los propietarios.

Finalmente, en febrero de 1880 se prohibió absolutamente la posesión de esclavos, cuando ya no eran rentables. España trató de sacar partido incrementando la fiscalidad con nuevas tasas industriales y restringiendo la libertad de comercio en Cuba. La combinación del proceso de mecanización y de la fiscalidad colonial generó una situación social explosiva: enorme paro, inflación y salarios bajos.

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Hacia 1890-1895 cuatro clases sociales se oponían en Cuba: los negros libres, los terratenientes arruinados, los tecnócratas del aparato colonial y los negociantes capitalistas de las compañías extranjeras. Esta tensión social se reflejó en política con la creación de partidos de clase: el Partido de la Unión Constitucional (1878) reunía a los comerciantes, tanto grandes como empleados o tenderos, nutría de funcionarios a la administración colonial y pretendía conservar el status colonial; el Partido Reformista (escindido en P.U.C en 1893) reclutaba a los hacendados esclavistas, quienes buscaban un compromiso con los tecnócratas de la metrópoli en materia de libre comercio, aunque tampoco eran independentistas; el tercer partido, el Liberal Autonomista (1878) bajo su retórica de «educar socialmente» a los negros, ocultaba su miedo y su propósito de mantener a los esclavos liberados alienados socialmente. Para todos ellos, Cuba debía seguir siendo parte de España, ya fuese como colonia o como provincia. Junto a estos partidos elitistas se constituyó un cuarto, con mayor base social: el Partido Revolucionario Cubano, forjado en la lucha, que se constituyó en 1891 en Estados Unidos --sede del exilio de sus dirigentes--. El partido proyectó una guerra revolucionaria que prolongase la de los diez años, pero esta vez protagonizada por el pueblo dirigido democráticamente, incluyendo a los negros. Pero sus dirigentes, José Martí y Máximo Gómez, también eran conscientes de las ambiciones anexionistas de Estados Unidos.

En marzo de 1895 estalló la revolución, meticulosamente preparada en el exilio y la clandestinidad. El objetivo táctico fue abatir las fuentes económicas del estado colonial, llevando la guerra a las provincias occidentales (La Habana, Matanzas, Pinar del Río), y reconstruir la economía en función del mercado cubano y no de las exportaciones. Ante el estallido revolucionario, las élites tradicionales se dividieron entre los anexionistas, que veían su propiedad como una prolongación del capital americano, y los que deseaban mantener el aparato colonial para aplastar la revolución nacionalista y de los negros. Entre tanto, Martí moría en el campo de batalla, y su liderazgo era asumido por Gómez, quien convocó una Asamblea de Representantes que eligió como presidente de la República Independiente a Salvador Cisneros y Betancourt. La guerra desembocó en un empate, que de hecho era una derrota para la metrópoli: únicamente conservaba el control de las ciudades, recluidas entre una masa rural hostil. Esta guerra tan prolongada y costosa (en vidas y en dinero) provocó enormes disturbios en España, poniendo incluso en peligro la monarquía; la intervención norteamericana de 1898 vino a ofrecerle una salida honrosa.

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